Niños, en todo su derecho

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El Estado, la familia y la sociedad deben garantizar que niños y adolescentes gocen de sus derechos y generar las condiciones necesarias para su desarrollo armónico e integral. 

Por: Álvaro Posada Díaz
Pediatra y puericultor

Es tradicional que las acciones públicas o privadas relacionadas con la niñez y la adolescencia se lleven a cabo desde la perspectiva de su situación irregular, sus necesidades, deficiencias, limitaciones o vulnerabilidad, lo cual se suele criticar porque este modelo implica la voluntad de los adultos, sin necesidad de rendición de cuentas, en oferta de servicios en lo más apremiante para los niños, niñas y adolescentes.

Estas acciones se pueden entender como asistencialismo y este enfoque es característico del Estado de Derecho. Por mucho tiempo, niños, niñas y adolescentes fueron vistos desde una perspectiva economicista como objetos de compasión y no como sujetos de derechos, restándosele importancia a sus necesidades particulares.

A partir de la segunda mitad del siglo XX esta realidad se ha ido transformando, hasta alcanzar en el presente nuevas formas de tratamiento de las demandas propias de este grupo poblacional, entre las cuales se destacan una especial atención a la nutrición, la prevención de enfermedades, la protección a todas las formas de maltrato y abuso, las innovaciones educativas, la posibilidad de participación de los niños, niñas y adolescentes; y el avance respecto a sus derechos.

La tendencia descrita es propia del Estado Social de Derecho, que es el término que designa el conjunto de instituciones y estructuras del Estado comprometidas con la equidad y la seguridad social.

Pero el derecho exige, además de evaluar las necesidades, que las acciones se correspondan con la edad y con las necesidades de desarrollo de cada niño, niña o adolescente en particular y que esta población sea atendida de manera eficiente y oportuna, más allá de un nivel o índice.

Entender la niñez y la adolescencia en perspectiva de derechos significa una radical transformación de paradigma que hace que todas las actividades sociales relacionadas con niños, niñas y adolescentes se dirijan al cumplimiento y a la prevención de la amenaza o vulneración de sus derechos.

Además, implica que estas actividades adquieran la importancia que realmente tienen y no puedan ser eludidas ni por el Estado, ni por la sociedad, ni por la familia, ni por cada adulto, y ni siquiera por los niños, niñas y adolescentes.

Se entiende entonces que no es solo un asunto de aplicación de normas, sino de garantía de derechos, y que la función y obligación del Estado, la familia y la sociedad en general es precisamente garantizar el disfrute pleno de los derechos y generar las condiciones necesarias que faciliten el desarrollo armónico e integral de la niñez y la adolescencia a la luz de la doctrina de la protección integral.

Doctrina de la protección integral

La doctrina de la protección integral es tutelar garantista (garantía efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales). Consiste en la construcción

de una nueva concepción sobre los niños, niñas y adolescentes y de sus relaciones con la familia, la sociedad y el Estado. En ella se concibe a la niñez y la adolescencia como una sola y se reconoce a todos sus integrantes como sujetos de derechos que el Estado está obligado a garantizar mediante políticas públicas básicas y universales.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

Los ejes de la protección integral son:

  • El reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos (sujetos de su propio destino).
  • Garantía y cumplimiento de los derechos (obligación del Estado en corresponsabilidad con la sociedad y la familia).
  • Prevención de su amenaza o vulneración.
  • Seguridad de su restablecimiento inmediato.

Los principios orientadores de la protección integral son:

  • Interés superior.
  • Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.
  • Prevalencia de los derechos.
  • Perspectiva de género.

Según el Código de la Infancia y la Adolescencia, el interés superior es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que son universales, prevalentes e interdependientes. Como lo afirma la abogada colombiana Ligia Galvis Ortiz: “El interés superior del niño es la prioridad e importancia que deben tener los niños, las ni- ñas y los adolescentes en el diseño y ejecución de las políticas públicas y los planes de desarrollo”.

La corresponsabilidad es la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.

La prevalencia de los derechos significa que en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, niñas y adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.

La perspectiva de género hace parte del reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.

La niñez y la adolescencia en perspectiva de derechos

La perspectiva de derechos, también llamada ‘enfoque de derechos’, es un modo de entender el desarrollo de niños, niñas y adolescentes con el fin de que tengan mejores oportunidades en todo lo relacionado con sus derechos. Por ejemplo: establecer políticas públicas claras respecto al cuidado y el acceso a los servicios de salud, a la protección en todos sus aspectos, a la educación y a su desarrollo integral, y a la participación en todas las decisiones que los afectan.

En este sentido, la aplicación de la perspectiva de derechos en los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes implica, según Save the Children©:

  • Situar a niños, niñas y adolescentes como núcleo, reconociéndolos como sujetos de derechos y actores sociales, lo cual se desprende de su carácter de seres humanos, en oposición a la idea de ser definidos a partir de su incapacidad jurídica.
  • Reconocer a los gobiernos como principales garantes, responsables ante sus ciudadanos (incluyendo a los niños, niñas y adolescentes) y ante la comunidad internacional.
  • Reconocer a los padres y familias como los primeros encargados del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, constituyéndose en protectores y guías, por lo cual, es necesario apoyarlos en el cumplimiento de estas funciones.
  • Otorgar prioridad a los niños, ni- ñas y adolescentes y ofrecerles un ambiente amigable.
  • Ser sensibles al género y buscar soluciones incluyentes que involucren un enfoque en aquellos niños, niñas y adolescentes que están en riesgo y a los cuales se discrimina.
  • Tratar el problema de las estructuras desiguales de poder (clase social, sexo, origen étnico, edad, etc.).
  • Mantener una visión integral sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes mientras se seleccionan estrategias y se toman acciones específicas.
  • Establecer metas en lo que se refiere al cumplimiento pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
  • Procurar el logro de resultados sostenibles para los niños, niñas y adolescentes centrándose no solo en las causas inmediatas de los problemas, sino también en sus raíces.
  • Usar enfoques participativos y de empoderamiento, en particular en lo que se refiere a los niños, niñas y adolescentes.
  • Formar asociaciones y alianzas para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
  • Centrarse en aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en mayor riesgo y en los que son objeto de discriminación.
  • Emplear una perspectiva integral que exija una respuesta multisectorial.
  • Proporcionar una meta a largo pla- zo, claramente definida dentro del marco legal internacional, que sea compartida por los gobiernos y la sociedad civil.
  • Promover reformas legales y de otro tipo, tales como el establecimiento de mecanismos regulares de monitoreo que permitan introducir mayores probabilidades de un cambio sostenible.

Desde el punto de vista operativo, el concepto ‘niñez y adolescencia en perspectiva de derechos’ implica que la gestión acerca de la niñez y la adolescencia se haga teniendo en cuenta sus derechos, lo cual significa que los gestores de cambio social que tengan esta perspectiva como fundamental deben dedicarse, entre otras cosas, a la implementación de las correspondientes políticas públicas tendientes a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Entender la niñez y la adolescencia en perspectiva de derechos proporciona el mejor marco para analizar tanto la situación de los niños, niñas y adolescentes como la implementación de políticas públicas, por lo cual es fundamental, como se afirma en el Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia (2002): “Considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos participantes, no como objetos ni sujetos pasivos, sino como hacedores de su propia vida”.

Así mismo, es necesario “abandonar miradas sectoriales o basadas en circunstancias de situación irregular, ampliar el espectro de dimensiones que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar o formular políticas y programas, e incorporar la doctrina de la protección integral”.

Reconocerlos como personas

Para construir el ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se debe empezar por reconocerlos como personas, con una dignidad que no les es dada por nadie, ni ganada en el tiempo, ni construida en el desarrollo, por lo que su existencia misma les hace titulares de unos derechos humanos, teniendo muy presente que estos derechos manifiestan y expresan, más que una voluntad política, una toma de posición ética sobre la inclusión social de ellos.

Esta transformación de paradigma exige asumir a la niñez y la adolescencia como asunto que compete a todos y que requiere un compromiso ético para la construcción de un país donde los niños, niñas y adolescentes sean una preocupación prioritaria y que alrededor de ello y con ellos se creen las condiciones propicias para practicar y desarrollar la democracia.

Esta práctica democrática consiste en que el acompañamiento en la crianza no sea centrado solo en la voluntad omnipotente de los adultos cuidadores (adultocentrismo), sino que, por el contrario, sea democrático, es decir, con reconocimiento del otro, con equidad y participación.

Un acompañamiento como el planteado es el que se explicita en el discurso ‘Crianza humanizada’ del Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia, que como postulado antepone al adultocentrismo el pluricentrismo, de tal modo que en el acompañamiento haya participación asertiva de todos los actores y no solo de los adultos.

Es claro, pues, que la perspectiva de derechos y el interés superior por los niños y adolescentes orienta la formulación, implementación y evaluación de lineamientos nacionales para la niñez y la adolescencia, al igual que la asignación de recursos en la búsqueda del cumplimiento completo e integral de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificándose así el criterio de asistencialismo de la política social para pasar al de garante de derechos, lo que implica la correspondiente corresponsabilidad solidaria.

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